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Protección de datos


De conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, por medio de la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, dicho régimen no resulta aplicable “A las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008”, norma ésta última que viene siendo aplicada por la institución en virtud de su especialidad en lo que respecta al manejo de la información, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países.

Así mismo, el parágrafo del artículo 2º ibidem, determina:

Parágrafo. Los principios sobre protección de datos serán aplicables a todas las bases de datos, incluidas las exceptuadas en el presente artículo, con los límites dispuestos en la presente ley y sin reñir con los datos que tienen características de estar amparados por la reserva legal. En el evento que la normatividad especial que regule las bases de datos exceptuadas prevea principios que tengan en consideración la naturaleza especial de datos, los mismos aplicarán de manera concurrente a los previstos en la presente ley.

Del texto anterior se desprende la siguiente conclusión: pese a la exclusión legal de que trata el mencionado artículo, la legislación ha desarrollado con especial interés los principios de protección de datos, que por su connotación de enunciados normativos más generales sirven de fundamento y guía para la interpretación de otras normas particulares, entendiéndose entonces como conceptos axiológicos que permiten entender el “deber ser” de las normas.

En este orden de ideas, Contactar está en la obligación de acatar los siguientes principios rectores:

  1. a) Principio de legalidad en materia de tratamiento de datos:el Tratamiento a que se refiere la presente ley es una actividad reglada que debe sujetarse a lo establecido en ella y en las demás disposiciones que la desarrollen.
  2. b) Principio de finalidad:el tratamiento debe obedecer a una finalidad legítima de acuerdo con la Constitución y la ley, la cual debe ser informada al titular.
  3. c) Principio de libertad:el Tratamiento sólo puede ejercerse con el consentimiento, previo, expreso e informado del Titular. Los datos personales no podrán ser obtenidos o divulgados sin previa autorización, o en ausencia de mandato legal o judicial que releve el consentimiento.
  4. d) Principio de veracidad o calidad:la información sujeta a tratamiento debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el Tratamiento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error.
  5. e) Principio de transparencia:en el tratamiento debe garantizarse el derecho del titular a obtener del responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento, en cualquier momento y sin restricciones, información acerca de la existencia de datos que le conciernan.
  6. f) Principio de acceso y circulación restringida:el Tratamiento se sujeta a los límites que se derivan de la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones de la presente ley y la Constitución. En este sentido, el Tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las personas previstas en la presente ley.

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar disponibles en Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restringido sólo a los Titulares o terceros autorizados conforme a la presente ley.

  1. g) Principio de seguridad:la información sujeta a tratamiento por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento a que se refiere la presente ley se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento.
  2. h) Principio de confidencialidad:todas las personas que intervengan en el tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento, pudiendo sólo realizar suministro o comunicación de datos personales cuando ello corresponda al desarrollo de las actividades autorizadas en la presente ley y en los términos de la misma.
Respecto a la aplicación de los principios transcritos, en lo atinente a la información que se le debe suministrar al titular de los datos respecto al uso o finalidad de los mismos y la autorización previa para su manejo, se encuentra que CONTACTAR ha venido cumpliendo con dicha disposición desde el momento de la solicitud del crédito, con la información que se entrega sobre la administración de sus datos personales y financieros y al respecto en el mismo formulario de crédito se establece:

“CERTIFICO LA VERACIDAD DE LOS DATOS Y REFERENCIAS SUMINISTRADOS Y AUTORIZO DE MANERA IRREVOCABLE A CONTACTAR Y/O TERCERO CON QUIENES CONTACTAR FIRME CONTRATOS Y CONVENIOS, PARA QUE CON FINES DE INFORMACIÓN INTERBANCARIA O DE FUNCIONAMIENTO DE UNA CENTRAL DE RIESGOS VERIFIQUE, PROCESE, REPORTE Y CONSULTE A CUALQUIER CENTRAL DE INFORMACIÓN TODO LO REFERENTE A MI COMPORTAMIENTO COMO CLIENTE”.

Ahora bien, frente a los derechos de los titulares de los datos, la Ley 1266 de 2008 también establece en su artículo 6º cuáles son los derechos frente a los operadores, fuentes y usuarios de los mismos, advirtiéndose que en términos generales la finalidad de su establecimiento no es otra que la de preservar la veracidad y exactitud de la información, advirtiendo que en la Ley 1581 se introduce una nueva figura que es la de la revocatoria de la autorización por parte del titular, previa determinación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio que el Responsable o encargado de la administración de los datos incurrió en conductas contrarias a la ley y a la Constitución.

En la Ley Estatutaria 1581 de 2012 se reiteran los postulados de la Ley 1266 de 2008, relacionados con la supresión de datos inexactos o que contraríen disposiciones legales o constitucionales y la solicitud de la prueba de autorización para los casos previstos en la ley.

Respecto a lo reglamentado en el artículo 9º de la Ley 1581 de 2012, frente a la autorización previa e informada al titular para el tratamiento de la información, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de consulta posterior, es importante resaltar que el desarrollo de esta norma se hizo a través de la expedición del Decreto 1377 de 2013, en el cual se reglamentan los requisitos del consentimiento para el tratamiento de datos personales, los mecanismos transitorios para obtener el consentimiento para el tratamiento de los datos personales que hayan sido recolectados antes de la expedición del mencionado decreto y el contenido de las políticas de tratamiento de la información.

Así las cosas, el Decreto 1377 establece frente al tema de recolección de datos personales, lo siguiente:

“Artículo 4°. Recolección de los datos personales. En desarrollo de los principios de finalidad y libertad, la recolección de datos deberá limitarse a aquellos datos personales que son pertinentes y adecuados para la finalidad para la cual son recolectados o requeridos conforme a la normatividad vigente. Salvo en los casos expresamente previstos en la ley, no se podrán recolectar datos personales sin autorización del Titular.” (Subrayas fuera del texto)

Seguidamente, la misma norma determina:

“Artículo 5°. Autorización. El responsable del tratamiento deberá adoptar procedimientos para solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la autorización del titular para el tratamiento de los mismos e informarle los datos personales que serán recolectados, así como todas las finalidades específicas del tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento”. (…)

Así mismo, en el artículo 8 ibídem se establece que:

“Los responsables deberán conservar prueba de la autorización otorgada por los titulares de datos personales para el tratamiento de los mismos”.

Adicionalmente, el artículo 10 de la norma en cita establece el procedimiento que debe seguirse para aquellos datos personales que fueron recolectados con anterioridad a la entrada en vigencia del mismo, en los siguientes términos:

“Artículo 10. Datos recolectados antes de la expedición del presente decreto. Para los datos recolectados antes de la expedición del presente decreto, se tendrá en cuenta lo siguiente:

  1. Los responsables deberán solicitar la autorización de los titulares para continuar con el Tratamiento de sus datos personales del modo previsto en el artículo 7° anterior, a través de mecanismos eficientes de comunicación, así como poner en conocimiento de estos sus políticas de Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos.
  2. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 1, se considerarán como mecanismos eficientes de comunicación aquellos que el responsable o encargado usan en el curso ordinario de su interacción con los Titulares registrados en sus bases de datos.
  3. Si los mecanismos citados en el numeral 1 imponen al responsable una carga desproporcionada o es imposible solicitar a cada Titular el consentimiento para el Tratamiento de sus datos personales y poner en su conocimiento las políticas de Tratamiento de la información y el modo de ejercer sus derechos, el Responsable podrá implementar mecanismos alternos para los efectos dispuestos en el numeral 1, tales como diarios de amplia circulación nacional, diarios locales o revistas, páginas de Internet del responsable, carteles informativos, entre otros, e informar al respecto a la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro de los cinco (5) días siguientes a su implementación”.
De conformidad con lo anterior, se advierte que, si bien, la Ley 1581 de 2012 explícitamente excluye de su aplicación las bases de datos y archivos regulados por la Ley 1266 de 2008, si resulta importante definir internamente las políticas de tratamiento de la información a fin de garantizar el establecimiento y documentación de mecanismos que atiendan estos preceptos legales.